La secretaría general de Consumo reitera: «En las próximas semanas, llevaremos a Consejo de Ministros el mismo texto que ya se aprobó»
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), junto con la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP), CERMI y Fundación ONCE, han exigido al Gobierno la aprobación «inmediata» de la Ley de servicios de atención a la clientela, al tiempo que han pedido a los grupos parlamentarios en el Congreso su «rápida» tramitación en las Cortes.
En una jornada celebrada en la Cámara Baja, el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Carlos Ballugera, ha pedido que esta normativa sea «ambiciosa en la determinación de los parámetros mínimos de calidad y transparencia exigibles» y que «no se excluya del ámbito de aplicación a los servicios que no se encuentren establecidos en España».
Asimismo, Ballugera ha solicitado que las empresas «no puedan aprovechar dichos servicios de atención para ofrecer la contratación de nuevos productos, y que la disponibilidad de atender a los clientes sea de 24 horas los 365 días del año en el caso de a los servicios de tracto sucesivo por su condición de básicos».
Por otro lado, ha advertido de que los departamentos de Consumo de la Administración y las organizaciones de consumidores están «saturadas de reclamaciones, ante la inoperancia de los actuales servicios de atención a la clientela de las empresas para resolver satisfactoriamente las quejas y reclamaciones de la ciudadanía».
Ha pedido, asimismo, que la norma incluya un régimen sancionador «lo suficientemente disuasorio como para evitar la reiteración de malas prácticas que perjudican a la parte más débil en la contratación de los servicios o suministros básicos»; ampliar el ámbito de aplicación a otros servicios, como los referidos a la salud; reconocer el derecho de los consumidores a recibir una indemnización si la empresa no contesta o supera el plazo establecido para dar respuesta a su consulta, incidencia o reclamación.
Asimismo, ha expresado su preocupación por que en la regulación prevista la normativa sectorial de los diferentes sectores de actividad pueda acabar primando sobre la propia normativa de consumo.
En el mismo sentido se ha manifestado el presidente de la PMP, Lázaro González, quien ha insistido en que «es de suma importancia» que esta Ley sea tramitada «con la mayor urgencia», además de recalcar que en su articulado debe recoger aspectos como la definición de los tiempos de espera, la atención profesional y personalizada, o la inclusión de los problemas derivados de la falta de accesibilidad y adaptabilidad de los servicios a las capacidades de personas mayores y mayores con discapacidad.
«Debe existir un régimen sancionador especialmente exigible cuando se trate de consumidores vulnerables», ha reclamado González, que también ha demandado «un buen nivel de interlocución con el tejido asociativo y contar con las aportaciones que puedan hacer organizaciones de consumidores, de personas con discapacidad y de personas mayores».
«La prioridad del Gobierno es respetar al máximo el texto y el consenso que logró esta norma la pasada legislatura, que fue histórico. Recordemos que fue aprobada sin ningún voto en contra. De forma inminente, en las próximas semanas, llevaremos a Consejo de Ministros el mismo texto que ya se aprobó con el objetivo de que en el trámite parlamentario puedan volver a lograrse los mismos acuerdos que ya se pactaron. Esta es la fórmula para tener la Ley en vigor lo antes posible», ha dicho la secretaría general de Consumo, Bibiana Medialdea.
