Ve «incomprensible» que el Ministerio haya el elegido «la confrontación como forma de relacionarse con las Comunidades Autónomas»

El Gobierno Vasco recurrirá ante la administración de justicia la orden del Ministerio de Sanidad de imponer el uso de mascarillas en centros de salud, porque «ni ha presentado argumento alguno que avale esa decisión, ni ha cumplido con las previsiones legales exigibles en la adopción de esta medida absolutamente excepcional».

En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha recordado que el artículo 65 de actuaciones coordinadas en salud y seguridad alimentaria de la Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, señala, en su punto 1, lo siguiente: «La declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas».

Siguiendo la literalidad del acuerdo, el Gobierno autonómico ha destacado que «no ha habido acuerdo previo del Consejo Interterritorial» y tampoco se ha dado audiencia a las Comunidades Autónomas «directamente afectadas, en este caso, todas, independientemente de su situación epidemiológica, antes de tomar esta decisión».

Asimismo, ha reprochado que el Ministerio no ha justificado la urgente necesidad de la medida «en sus dos vertientes: una, que la situación sea de especial riesgo o alarma para la salud pública; dos, que la medida, circunscrita a los centros de salud, sea realmente efectiva para atajar el pico de la ola de gripe».

Por otra parte, ha subrayado que el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, donde la medida debería haber sido acordada, establece en su punto primero que los acuerdos del Consejo en relación con las materias que expresamente se determinan en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, se plasmarán a través de recomendaciones, que se aprobarán, en su caso, por consenso.

Por ello, y en aras de una «buena gobernanza» del Sistema Nacional de Salud, las actuaciones coordinadas en salud pública «debieran seguir respetando los criterios técnicos de la Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta en cuanto a las medidas de respuesta adecuadas al nivel de riesgo, y su posterior evaluación y aprobación por parte de la Comisión Nacional de Salud Pública», ha señalado.

El Gobierno Vasco entiende que el Ministerio de Sanidad está utilizando un recurso legal «absolutamente extraordinario, sin cumplir sus propios preceptos, para imponer su voluntad a la mayoría de las Comunidades Autónomas, en contra del criterio técnico de estas, y vulnerando sus competencias en materia de salud pública».

Además, considera que el Ministerio de Sanidad ha sentado un precedente «gravísimo en la relación política y administrativa que ha de mantener con las Comunidades Autónomas y sus departamentos de salud».

El Ministerio de Sanidad tienen reconocidas competencias en materia de salud, pero las Comunidades Autónomas son quienes asumen la responsabilidad de la gestión y la atención sanitarias. Por ello, el ejecutivo Urkullu ve «incomprensible» que el Ministerio, «sin causa que lo justifique, sin acogerse al cumplimiento de la legalidad y en contra de la opinión de los expertos, haya ignorado las propuestas de consenso que han trasladado algunas comunidades, entre ellas Euskadi, y haya el elegido la confrontación como forma de relacionarse con las Comunidades Autónomas».

Por todo ello, el Gobierno Vasco ha anunciado que hará cumplir, mientras esté vigente, la medida, pero presentará recurso contra la misma ante la administración de justicia en los términos que sus servicios jurídicos determinen.

Finalmente, ha constatado que la ciudadanía de Euskadi es conocedora de las medidas de prevención más aconsejables para evitar el contagio de la gripe y otras enfermedades respiratorias, y «en su inmensa mayoría, las cumple con responsabilidad», razón por la que ha animado a seguir utilizándolas en todos aquellos lugares y circunstancias donde haya un mayor riesgo de contagio.