Las organizaciones de las Fuerzas de Seguridad ven un despropósito el «mercadeo» continuo con los independentistas «para salvar a Sánchez»

Sindicatos de Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil han apelado este jueves a la mediación urgente del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras el acuerdo con Junts para ceder competencias «exclusivas del Estado» en materia migratoria en Cataluña, con la que el Gobierno de Pedro Sánchez consiguió ayer salvar dos de los tres decretos sobre medidas anticrisis y en materia de Justicia.

Las organizaciones, que ya criticaron con dureza los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez con Junts y ERC por la proposición de ley de amnistía, han vuelto a censurar el «despropósito» que supone que Junts consiga las competencias en materia migratoria, alertando de que va contra la Constitución y supone el «desguace del Estado» por el continuo «mercadeo» con partidos independentistas.

En un comunicado, el SUP ha informado de que ha remitido de forma urgente una carta a Grande-Marlaska por la gravedad de lo pactado con Junts «para salvar a Sánchez» en la votación parlamentaria. «Esperamos que el ministro no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y preserve nuestras competencias», han indicado.

UN RETROCESO QUE CORROMPE EL ESPÍRITU EUROPEO

«Nunca permitiremos el desmantelamiento de la Policía Nacional y nunca daremos amparo al mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos», han añadido desde el SUP. «La disgregación interna en España corrompe el espíritu europeo; ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, no es progresar», han enfatizado, añadiendo que van a solicitar «amparo» ante la Unión Europea por el «riesgo extremo para nuestras fronteras».

Desde las asociaciones representativas de la Guardia Civil, JUCIL ha subrayado que la competencia en migración es «exclusiva del Estado» y teme que el Ejecutivo de Sánchez sea «incapaz de gobernar sin una constante aceptación de chantajes».

Por este motivo, ha alertado del «profundo desmantelamiento de las estructuras del Estado en Cataluña y el País Vasco, que incluirá la práctica desaparición en estos territorios de la presencia de la Guardia Civil y de la Policía Nacional».

AUGC, otra de las asociación del Instituto Armado, también ha hablado de «despropósito» del Gobierno. «El traspaso solo alude a intereses partidistas con la intención de desmantelar la operatividad de la Guardia Civil y tratar de expulsar de Cataluña a los guardias civiles», ha avisado.

Las organizaciones representativas recuerdan que el Gobierno ya pactó en diciembre destinar 1.600 millones de euros para aumentar la plantilla de los Mossos d’Esquadra. También han alertado sobre la pretensión del expresidente Carles Puigdemont de contar con servicio de escolta en Bélica, país al que huyó para eludir la acción de la Justicia tras el referéndum del 1-O.

DECISIÓN CONTRARIA A LA CONSTITUCIÓN

El miércoles por la noche, tras la votación en el Senado con abstención de Junts, varios sindicatos reaccionaron de inmediato para alertar de que suponía «un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones», según JUPOL.

La CEP también lamentó que el Gobierno haya abierto «la puerta al desguace competencial del Estado» al ceder inmigración a la Generalitat de Cataluña tras el acuerdo del PSOE con Junts a cambio de una abstención en los tres decretos.

En un comunicado, el sindicato recordó que la Constitución «reserva en exclusiva al Ejecutivo central» esta competencia, al considerar que «se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional».

Según CEP, la cesión al Gobierno catalán «no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades» sino a la «aplicación de un criterio de conveniencia política –plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio– cuyo fin último es paliar una debilidad parlamentaria».

«Desde CEP queremos dejar claro que defendemos que el Estado mantenga el ejercicio exclusivo vinculado al estatuto jurídico del inmigrante, especialmente en todo lo relativo a las infracciones en materia de extranjería y su régimen sancionador, y hacemos un llamamiento a todos los poderes e instituciones para que esto siga siendo así», ha reivindicado.