El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato se ha referido este viernes, ante el tribunal que le ha juzgado por el presunto incremento ilícito de su patrimonio, a la investigación abierta en un juzgado de Tarragona contra el despacho que fundó el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, Equipo Económico, para apuntar que de lo conocido sobre esa causa secreta gracias a la prensa ha podido conocer que él ha sido sometido a este procedimiento por gestiones que se habrían realizado en el seno del Ministerio cuando era dirigido por Montoro.

Así lo ha señalado el exministro cuando ha hecho uso de la última palabra en la que ha sido la última sesión del juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid a lo largo de seis meses y en 56 sesiones, y que ha quedado visto para sentencia este viernes.

El que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), para el que el Ministerio Público solicita 63 años de cárcel por delitos fiscales, blanqueo y corrupción entre particulares, ha acusado a la fiscal Elena Lorente de presentar unos hechos contra él «artificialmente complejos» como base de una acusación «improcedente».

Para Rato, que ha leído integramente su declaración para no desviarse del mensaje ni un ápice, su defensa ha sido eficaz presentando argumentos consistentes y pruebas, y considera que de esa forma ha dejado en evidencia «el castillo de naipes fabricado» tanto por la Fiscalía, como por la Abogacía del Estado y la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria.

Tras esto, ha puesto el foco en las diligencias practicadas por un juzgado de Tarragona relativas a ese despacho que fue fundado por Montoro, para indicar que, como dijo su abogada en su informe, lo que ha trascendido gracias a lo publicado por ‘El Periódico de España’ permite saber «por qué» están en este juicio «y las circunstancias tan extrañas que han rodeado esta causa desde un principio».

Entonces, el exministro ha enumerado una serie de comunicaciones siguiendo un orden cronológico y ha aseverado que su «asombro y perplejidad» por esta causa encuentran explicación en las mismas.

«Estamos aquí porque el 21 de enero de 2015, el jefe de Gabinete del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, el señor Felipe Martínez Rico, escribía el siguiente correo electrónico a Cristóbal Montoro: Santiago (Menéndez), director de la Agencia Tributaria entonces, quiere comentar contigo la situación fiscal de Rato. Tiene ahora indicios de que está procediendo al alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro. Puede comentarlo el jueves después del comité de dirección o después del Consejo de Ministros el viernes, como prefieras», ha leído Rato ante el tribunal.

Tras esa primera comunicación, Rato ha leído una segunda de 9 de febrero del 2015 también atribuida a Martínez Rico. «Una vez más, escribía este otro correo al ministro de Hacienda. Rodrigo Rato sí presentó la declaración. En la declaración 720 hemos pedido a la Agencia Tributaria la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir», ha continuado Rato.

CATALÁ Y LA AMNISTÍA FISCAL

Luego, se ha referido a unas declaraciones de 4 de abril de 2015 del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá a una agencia de noticias en las que, asegura, éste dijo que Rodrigo Rato se había acogido a la regularización fiscal. Ha matizado que ésta era información secreta que sólo podía conocer a través del ministro de Hacienda.

«Estamos aquí –ha sumado– porque el 16 de abril del 2015, el mismo día que fui detenido y mi casa y mi oficina fueron registradas, previo aviso a los medios de comunicación, una vez más Felipe Martínez Rico, jefe de Gabinete del ministro Montoro, le escribe otro correo electrónico en el que asegura que la amnistía fiscal ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria para centrar investigaciones de fraude fiscal y que de la investigación posterior incluso pueden derivarse acusación por delito fiscal».

Tras esto, Rato ha indicado que esas comunicaciones son la razón de que él esté sentado en el banquillo de los acusados. «Tanto yo como mi familia hemos sido sometidos a un dolorosísimo y larguísimo procedimiento», ha lamentado, añadiendo que «se ha hecho sufrir también a cualquiera que se cruzó» en su camino, por el resto de encausados.

LOS ÚLTIMOS INFORMES

Antes del turno de última palabra, que algunos de los encausados han utilizado para agradecer al tribunal que, por ejemplo, les permitieran ausentarse del plenario para atender a sus empleos, han tenido lugar los cuatro informes pendientes. En todos ellos se ha pedido sentencia absolutoria.

Así, la defensa del ex secretario general de Telefónica Ramiro Sánchez de Lerín ha apuntado que la multinacional cumplió con la norma al contratar a Rato como consultor ya que declaró a Hacienda esos pagos y existieron los informes macro contratados.

Ha enfatizado que para el pagador –Telefónica– «había una norma» que era cumplir con el modelo 347 de la Agencia Tributaria, que es lo que tenía que hacer Sánchez de Lerín, «y que es exactamente lo que hizo». «Es decir, estaba en el riesgo permitido, estaba en un comportamiento permitido y no incidió en comportamiento no permitido», ha apostillado.

En este sentido, ha explicado que el contrato, firmado con la empresa de rato denominada Kradonara, se hizo «como siempre» y tal y como se realizaba con «otros asesores». Y en cuanto al hecho de firmar con una empresa y no con una persona física, ha explicado que «ninguna norma impide que una persona física ejerce su actividad profesional a través de una sociedad».

Al hilo ha citado sentencias como las relacionadas con los futbolistas Xavi Alonso, Leo Messi o Cristiano Ronaldo para enfatizar que en todo caso quien tiene que dar cuentas a la Justicia sobre sus ingresos es el perceptor del dinero, que es quien «en su caso tiene que dar cuentas a Hacienda», pero no el pagador.

Así, ha recalcado que ni Adidas, ni Danone o el Real Madrid han ido a procesos judiciales como imputados en esos casos, algo que en el caso de Telefónica y de su ex secretario general sí ha ocurrido.