Kinshasa critica la «explotación intensa, no controlada e ilegal» en minas de esta zona, bajo control de la organización.

El Gobierno de República Democrática del Congo (RDC) ha responsabilizado este lunes al grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) de los reiterados deslizamientos de tierra en una zona minera en la provincia de Kivu Norte, tras la muerte de varios cientos de personas por estos sucesos durante las últimas semanas.

El Ministerio de Comunicación y Medios congoleño ha expresado en un comunicado publicado en redes sociales su pesar por la «tragedia humana» registrada el 7 de marzo en Rubaya, donde «un deslizamiento masivo de tierra» sepultó varias galerías de una mina en esta zona, situada en el territorio de Masisi.

«Las primeras informaciones apuntan a que el deslizamiento tuvo lugar tras lluvias torrenciales y en un contexto de explotación intensa, no controlada e ilegal orquestada por el M23, apoyado por Ruanda, lo que causó la muerte de numerosas personas», ha dicho, antes de incidir en que «la seguridad en esta región está comprometida por la coalición de agresión y ocupación» entre los rebeldes y Kigali.

Así, ha destacado que «el acceso a la zona del rama es limitada, lo que impide por ahora fijar un balance preciso de esta catástrofe», al tiempo que ha presentado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha recordado que esta zona minera está considerada «una zona roja» debido a los riesgos que suponen las labores de extracción en Rubaya.

«El Gobierno subraya que estas actividades forman parte de un sistema organizado y sostenible de explotación ilegal de los recursos naturales de RDC, establecido por el M23, apoyado por Ruanda, para alimentar una economía de guerra», ha criticado Kinshasa.

En este sentido, ha prometido que «proseguirá los esfuerzos destinados a restablecer la integridad territorial de RDC, condición esencial para poner fin a la explotación ilegal y peligrosa de los recursos naturales y garantizar una supervisión legal y segura de las actividades mineras», antes de afirmar que llevará ante los tribunales a los que se beneficien de «esta explotación ilegal de minerales».

Por ello, ha reclamado a la comunidad internacional tome nota de «esta tragedia humana», «consecuencia directa de la explotación ilegal de los recursos naturales de RDC en una zona bajo ocupación armada», antes de reiterar que trabajará para «defender su soberanía, proteger la integridad de su territorio y preservar sus recursos naturales».

El grupo rebelde ha reprochado en el pasado a las autoridades congoleñas sus acusaciones contra ellos por estos incidentes y ha recordado a Kinshasa «sus prolongados fracasos a la hora de gestionar el sector minero» en el país africano, también en las zonas que se encuentran ahora bajo control del M23.

El sector de minero de RDC ha registrado decenas de incidentes mortales durante los últimos años, en gran medida por la falta de medidas de seguridad y las malas condiciones laborales en este campo, que genera grandes beneficios y que en muchas ocasiones opera al margen de las regulaciones.