El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado al Ministerio de Sanidad que acuerde con las consejerías autonómicas el desarrollo e implementación de una estrategia general de actuación que contemple medidas concretas para cuidar y proteger la salud mental de los profesionales sanitarios.
SATSE coincide en la necesidad manifestada por la ministra de Sanidad, Mónica García, de priorizar el cuidado de la salud mental del conjunto de la ciudadanía y pide que, de manera paralela, «se actúe para apoyar y ayudar a los profesionales sanitarios cuyo trabajo conlleva numerosos riesgos psicosociales».
La organización afirma que Plan de Acción de Salud Mental 2022-2024 contempla el desarrollo de programas específicos para la ayuda y apoyo a los profesionales sanitarios y sociosanitarios con problemas de salud mental, sin embargo, asegura que, hasta la fecha, «no se han hecho realidad».
El sindicato apunta que, en el caso de las profesionales de Enfermería, los riesgos psicosociales (estrés, ‘burn out’, depresión, ansiedad) son mayores por la sobrecarga asistencial y por su contacto cercano y permanente con el dolor y el sufrimiento a lo largo de toda su trayectoria profesional.
PILARES
Para SATSE, la estrategia demandada por la organización sindical debe cimentarse en dos pilares: la prevención, detección y seguimiento del profesional.
Entre otras actuaciones, el sindicato subraya la necesidad de reforzar los servicios de salud laboral con más medios y profesionales especializados en salud mental. Además, a la hora de evaluar los puestos de trabajo, considera que se deben tener en cuenta los riesgos psicosociales, «algo que no se hace», añade.
Por ello, SATSE reclama la revisión del concepto de salud integrado en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales «para dar la importancia que merece a la salud mental de los trabajadores y a los riesgos a los que están sometidos por causas laborales», en consonancia con las recomendaciones que realiza la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
«Actualmente esta ley no refiere ni un solo párrafo a la salud mental de la persona trabajadora, permitiendo una actuación diferencial sólo en caso de discapacidad psíquica previamente reconocida, dejando de lado totalmente la prevención y la detección de estos problemas», asegura SATSE.
PROMOCIONAR LA PREVENCIÓN Y LOS CONTROLES DE RUTINA
Para el sindicato, «las administraciones no sólo deben detectar posibles señales de advertencia, que conducirían a una evaluación más profunda de la salud mental del profesional, y al necesario diagnóstico y tratamiento si se da el caso, sino que deben poner a disposición de la persona trabajadora una monitorización de su salud mental de forma programada al igual que se realiza con respecto a su salud física».
Para ello, SATSE incide en que los diferentes servicios de salud deben contar con dispositivos o gabinetes de atención y apoyo a los profesionales, tanto en hospitales, áreas de Atención Primaria y centros sociosanitarios. «Unos servicios que han de estar formados por psicólogos, psiquiatras y enfermeras especialistas en Salud Mental», añade.
El sindicato también demanda que las administraciones sanitarias dejen de «poner trabas» a la adaptación de los puestos de trabajo a los profesionales que lo requieran.
PROTOCOLOS
De otro lado, la organización sindical subraya la necesidad de desarrollar una evaluación de riesgos psicosociales «potente» y que «ponga en el centro a la persona trabajadora, no sólo las necesidades de la empresa u organización donde trabaja». El objetivo es propiciar y fomentar el bienestar mental de los profesionales en su entorno laboral, apunta.
En conclusión, para SATSE es «urgente» que se incluya y fomente la protección de la salud mental en toda la legislación existente y futura que regule las condiciones de trabajo y la protección social en España. Para ello, «sería pertinente que la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo hiciera propias las recomendaciones de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, e hiciese valer su papel como órgano asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas de prevención en este sentido».
