Un total de 120 eurodiputados de los 705 que conforman el Parlamento Europeo ha firmado una petición para privar a Hungría de derechos como el de voto en el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, por considerar que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, «perturba la toma de decisiones de los Estados miembro».

El eurodiputado del Partido Popular Europeo (PPE) Petri Sarvamaa –con el que compartía familia política el partido de Orbán hasta su salida en 2021– lanzó esta petición el pasado 9 de enero por considerar que «la maquinaria de toma de decisiones de la UE está simplemente atascada por culpa de Viktor Orbán», según señaló en su perfil de la red social X (antes Twitter).

«Es ahora nunca», añadió el eurodiputado, que animaba a sus colegas a firmar, hasta este viernes, una carta dirigida a la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, a la que se pide que actúe «sin demora» a fin de iniciar un proceso para determinar la existencia de una violación grave y persistente de los valores de la UE por parte de Hungría.

En concreto, se acusa a Orbán de bloquear expedientes como la revisión del Marco Financiero Plurianual, del que depende el presupuesto a largo plazo de la UE, y en el que se enmarca la ayuda de 50.000 millones para Ucrania, o de amenazar con vetar el inicio de las negociaciones de adhesión con Kiev, que finalmente salió adelante con el apoyo de 26 líderes en una votación de la que se ausentó el primer ministro húngaro.

Una vez se confirme la existencia de dicha violación, los Estados miembro podrán proceder al segundo paso en virtud del artículo 7 del Tratado de la UE, que puede dar lugar a la suspensión de determinados derechos de Hungría como Estado miembro, incluido el de voto en el Consejo.

«Hungría ha sido criticada en repetidas ocasiones por su erosión del Estado de Derecho, y especialmente, tras las acciones de Hungría para perturbar la toma de decisiones de los Estados miembro en la cumbre de diciembre, creemos que ha llegado el momento de que el Parlamento Europeo actúe», señala el texto de la carta dirigida a Metsola.

Los 120 firmantes han suscrito que consideran que esta acción es necesaria para proteger los valores de la Unión Europea y que es «la única manera» de garantizar el funcionamiento de los procesos de toma de decisiones en la UE.

«Al iniciar el procedimiento del artículo 7 del TUE contra Hungría, la Unión Europea estaría enviando un mensaje claro a Hungría de que sus acciones son inaceptables. También estaría enviando un mensaje a todos los Estados miembro de que la Unión Europea no tolerará ningún retroceso en el Estado de Derecho ni la ruptura del principio de cooperación leal, tal como está consagrado en los Tratados», incide la petición.

Sarvamaa ha apuntado que, a continuación, sería «crucial» medir el apoyo global final a la idea de la petición en el pleno «lo antes posible», algo que considera que puede hacerse en la sesión plenaria de la próxima semana, cuando el Parlamento votará una resolución relativa a la salud democrática de Hungría.

ANTECEDENTES

El pleno del Parlamento Europeo ya denunció en septiembre de 2022 que Hungría se había convertido en un «régimen híbrido de autocracia electoral», en el que se celebran elecciones pero no se respetan los estándares democráticos, y acusó a los Estados miembro de inacción por no avanzar en el Consejo con el procedimiento para sancionar a los socios que ponen en riesgo grave el Estado de derecho.

Entonces, afeó también la falta de medidas por parte de los Veintisiete, a los que recalcó que podían avanzar en el procedimiento del artículo 7 sin necesidad de unanimidad, ya que ese nivel de consenso sólo es necesario para decidir sobre posibles sanciones al término del análisis del Estado de derecho por ese mismo mecanismo.

De nuevo, en junio de 2023, el pleno de la Eurocámara instó a los Veintisiete a encontrar una «solución adecuada lo antes posible», preocupado por la presidencia húngara de la Unión Europea –prevista para el segundo semestre de 2024– al cuestionar la idoneidad del Gobierno de Orbán, para desempeñar este papel «de manera creíble», a la vista de sus incumplimientos reiterados de la legislación de la UE y de sus valores.