Un tribunal de Zimbabue deja en libertad a los 26 detenidos en una redada policial contra la oposición

Un tribunal de Zimbabue deja en libertad a los 26 detenidos en una redada policial contra la oposición

Un tribunal ha dictado la puesta en libertad de los 26 detenidos durante una operación policial ocurrida a mediados de mes en la capital de Zimbabue, Harare, durante la celebración de una reunión del principal partido opositor Coalición Ciudadana por el Cambio (CCC).

La operación tuvo lugar el 15 de enero en el domicilio del diputado Costa Machingauta en Budiriro, un suburbio del suroeste de la capital, en plena carrera a las elecciones presidenciales, previstas para finales de año, en las que el presidente del país, Emmerson Mnangagwa parte como favorito en medio de un clima de represión y amenazas contra sus críticos, denunció CCC.

Los activistas, así como Machingauta y el también diputado Amos Chibaya han salido el libertad bajo fianza después de que la magistrada Yeukai Dzuda, dictaminara que la reunión asaltada por la Policía tenía carácter privado, como aseguraban los acusados, según informa el portal ‘The New Zimbabwe’.

La Policía ha justificado la operación alegando que dicha reunión no había sido autorizada, mientras que desde el partido opositor han acusado al Gobierno de utilizar a la Policía contra adversarios políticos.

Este mismo viernes, la ONG Human rights Watch ha pedido al Gobierno de Zimbabue que vuelva a registrar a cientos de grupos de la sociedad civil cuya organización ha sido invalidad, y modificar su Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas para adecuarla a sus obligaciones de proteger la libertad de asociación.

La ONG también ha pedido al Gobierno que retire una polémica enmienda que prohibiría a los grupos realizar actividades «políticas» bajo la amenaza de sanciones penales.

La represión de las organizaciones de la sociedad civil en Zimbabue debe cesar, especialmente en vista de las elecciones generales de este año», ha lamentado Ashwanee Budoo-Scholtz , subdirectora para África de Human Rights Watch.

«El Gobierno», ha añadido, «debe dejar de utilizar la Ley de Organizaciones Privadas Voluntarias como una herramienta para silenciar el ejercicio de los derechos democráticos fundamentales».


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