La Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA) ha pedido la regulación de los influencers con 100.000 seguidores y una facturación anual de 100.000 euros para que se vean obligados a cumplir con la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor.

En concreto, ha reclamado que se rebajen los umbrales de ambos indicadores en el Proyecto de Real Decreto (PDR) del Ministerio para la Transición Digital y de la Función Pública, que en su redacción actual fija en dos millones de seguidores en al menos una plataforma y en 500.000 euros de facturación anual los requisitos para que el perfil sea un Usuario de Especial Relevancia.

Tener esta calificación obligará al cumplimiento de la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor, con la posibilidad de afrontar sanciones de hasta 1,5 millones de euros en los casos de incumplimiento más graves.

Así, Uteca ha advertido, en un comunicado, de que los umbrales marcados en la actual redacción del proyecto «dejan fuera a la gran mayoría de los influencers, que con una menor base de seguidores tienen una alta capacidad de prescripción y desarrollan una recurrente actividad publicitaria y de creación de contenidos».

Por ello, ha propuesto, en el trámite de consulta pública sobre el proyecto, que todos aquellos con al menos 100.000 seguidores en el conjunto de las plataformas y con un mínimo de 100.000 euros de facturación anual, tanto en metálico como en especie, tengan la consideración de Usuarios de Especial Relevancia y, por tanto, estén obligados al cumplimiento de la ley.

En este sentido, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se han manifestado en términos similares.

Asimismo, ha insistido en que de mantenerse unos umbrales «tan elevados», el grueso de los influencers «quedará exento» del cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual que, entre otras cuestiones, prohibe y sanciona la difusión de contenidos de odio y violencia, además de la difusión de publicidad perjudicial y no señalizada.

«El intento de regulación será irrelevante y no tendrá ningún impacto. El efecto práctico será el equivalente a no haber aprobado ninguna regulación», ha avisado, para alertar de que este proyecto es «una oportunidad única, que no se debe desaprovechar».

De este modo, ha incidido en la necesidad de impulsar que la mayoría de influencers «abandonen el salvaje oeste en el que desarrollan su actividad con la complicidad de las plataformas que los acogen».

«Si la regulación quiere lograr el objetivo de reducir considerablemente la actual situación de difusión sin control de contenidos audiovisuales y comunicaciones publicitarias perjudiciales en plataformas como Tik Tok o Instagram, el Gobierno debe ampliar considerablemente el número de influencers obligados a cumplir la ley», ha sentenciado.