Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado este jueves la decisión de Venezuela de expulsar al personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) por «agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones».

«Rechazamos las recientes medidas contra la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamamos por el respeto pleno de los Derechos Humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo», reza un comunicado conjunto.

Estos cinco países latinoamericanos han manifestado también su «profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel» y han hecho un «enérgico» llamamiento a las autoridades venezolanas a liberarla de inmediato y deponer los cargos realizados».

Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se ha limitado a señalar en una rueda de prensa que esta medida anunciada por parte de Caracas «obviamente» es «algo» que les «preocupa» y que van «a seguir monitorizando».

El opositor Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela en 2019, ha manifestado que «la dictadura (llamarlos gobierno revictimiza a millones) los expulsa luego de violar Derechos Humanos, ser señalados por crímenes de lesa humanidad y continuar su esquema represivo».

«Nada nuevo. Lo novedoso sería una respuesta proporcional del sistema, empezando por (el secretario general de Naciones Unidas) Antonio Guterres», ha afirmado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Caracas ha dado un plazo de 72 horas al personal de la oficina para abandonar el país y ha anunciado una «revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días». En concreto, ha determinado que esta medida se mantendrá vigente hasta que la oficina rectifique «públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora» de la Carta de Naciones Unidas.

Esto se produce en el marco de la campaña de detenciones en el país latinoamericano después de que el presidente Nicolás Maduro afirmase en enero que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos y Colombia.

Coincide, además, con la detención de la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, quien está acusada de presuntos delitos de traición, conspiración y terrorismo. La detenida, que es directora de la ONG Control Ciudadano, tiene nacionalidad española.

San Miguel fue detenida junto a otras cinco personas, cuatro de ellos de su familia, por supuestamente estar involucrados en un supuesto plan, denominado ‘Brazalete Blanco’, para atentar contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro.