Unidas Podemos busca articular un frente común parlamentario para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y también del Consejo General del Poder Judicial, donde ve más receptivo al PSOE al que no presionará al respecto y respetará sus tiempos para intentar el consenso.
Y a este respecto ha ofrecido a los grupos una propuesta para rebajar las mayorías parlamentarias para relevar a vocales del Poder Judicial, habilitando la opción de hacerlo con mayoría absoluta en lugar de tres quintos de la cámara con el requisito añadido de congregar la mitad de los grupos (ahora serían cinco), si bien el socio minoritario está abierto a cualquier planteamiento porque quiere concertación.
Además, la formación ha asegurado que queda «zanjada» a instancias del PSOE cualquier tipo de actitud de desobediencia a la suspensión de la tramitación parlamentaria de la reforma paralizada por el alto tribunal, pese a las opiniones particulares como la suya que abogaba por desoír si el fallo no se ajusta al ordenamiento de la Carta Magna.
Así lo ha desgranado el portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, tras reunirse con grupos del bloque de investidura, sin especificar cuáles por discreción, y al que no ha acudido el PSOE pero sí ha podido conversar esta mañana con su homólogo socialista Patxi López.
Echenique ha desgranado que la situación generada es «inédita», «muy grave» y un «golpe contra la democracia» por parte de la derecha política y judicial, que ha dejado claro que quiere «manda más que el presidente, que el Gobierno y del Parlamento» pese a haber perdido en las urnas, desde su «secuestro» los órganos judiciales para intervenir en la capacidad legislativa interrumpiendo su labor antes de completarse en el Senado.
SERÍA SANO TERMINAR LA LEGISLATURA DESBLOQUEANDO EL TC Y EL CGPJ
Para reaccionar a esa deriva, Unidas Podemos ha convocado este encuentro con la mayoría del bloque de investidura con vistas a fraguar un acuerdo que «devuelva la democracia a su cauce», que pasa por modificar la ley orgánica del TC para lograr su renovación, aunque también su formación apuesta por hacer lo propio con el Poder Judicial, dado que de su bloqueo durante los últimos cuatro años por culpa del PP tiene su origen la actual crisis.
«Sería muy sano democráticamente concluir la legislatura no solo renovando el TC sino también renovando el Poder Judicial» ha subrayado Echenique, que descarta cualquier propuesta de forma unilateral desde la mayoría parlamentaria porque la prioridad es ponerse de acuerdo con los socialista.
Y aquí su percepción, según ha relatado, es que el PSOE es ahora «menos reticente» a reformar la ley de elección del CGPJ que hace unas semanas, dejando claro su ánimo conciliador de dejar reflexionar a los socialistas, «no condicionar sus tiempos» y darles la opción de hacer su propuesta concreta. «Vemos mayor disposición en el PSOE», ha ahondado.
Fuentes conocedora de los contactos entre ambos socios de coalición indican que existe un alto grado de convencimiento en que habrá una nueva proposición de ley para reformar la renovación del TC y que el PSOE está prácticamente decantado por esa vía.
OPTA POR UN MODELO SIMILAR AL DE RTVE PARA EL PODER JUDICIAL
En cuanto al CGPJ, Echenique ha disertado durante su comparecencia que su planteamiento es trasladar al órgano de gobierno de los jueces el modelo para renovar el consejo de administración del TC, con la garantía añadida de reunir a la mitad de los grupos parlamentarios de la cámara. Con ello, según ha explicado, se vencen las reticencias mostradas en el pasado por algunos aliados parlamentarios y se garantiza la pluralidad de la cámara, al requerirse que entre en el consenso «algún grupo de centro-derecha».
Cuestionado sobre si cabe planteamientos de desobediencia, Echenique ha dicho que esa opción ha quedado «zanjada» por el PSOE durante el debate mantenido en los contactos bilaterales, «más allá» de las opiniones que cada dirigente pueda tener, como él mismo expresó. Un extremo confirmado además por las declaraciones institucionales del Congreso, el Senado y el propio Gobierno.
Ya ayer la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se desmarcó de ese criterio y desde su entorno detallaron que ella, como el conjunto del Gobierno, iban a acatar la resolución del TC y actuar acorde al Estado de Derecho. Una línea refrendada por los dirigentes de En Comú Podem e IU, que han hablado de recursos judiciales en Europa y propuestas legislativas.
APOYARÁ PERO NO CONVOCARÁ MOVILIZACIONES SOCIALES
Por otro lado, Echenique sí se ha mostrado partidario de movilizaciones ciudadanas en rechazo a la decisión del TC, que en caso de producirse les daría la bienvenida. Sin embargo, ha dejado claro que su grupo no convocará porque ese llamamiento corresponde a la sociedad civil.
También ha apoyado el llamamiento a la calma efectuado hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dado que la «firmeza» no es «incompatible» con el «sosiego». Es más, ha lanzado que a la derecha le gustaría que el Gobierno de coalición se «pusiera nervioso» pero tienen claro que desde la tranquilidad buscarán fraguar una mayoría de la cámara para emprender reformas.
«No tenemos diferencias con el PSOE», ha ahondado el portavoz del grupo confederal para insistir en que no van a tratar de avanzar sin presiones con el PSOE en esa dirección.
LA UE DEBE DECANTARSE: BLOQUEO O CAMBIO DE SISTEMA
Finalmente y cuestionado sobre posibles reparos por parte de la UE que ya desaconsejó el cambio de las mayorías en el CGPJ, Echenique ha dicho que el dictamen comunitario «en ningún caso es vinculante» y entiende además que el contexto ahora es muy «diferente» al de hace dos años, dado que el Comisión europea debe estar «muy preocupada» por este bloqueo.
Por tanto y comprobado que no se puede llegar a acuerdos con el PP, el dirigente de la formación morada ha indicado que la UE debe poner en la balanza si prefiere renovación o que se termine la legislatura con los órganos constitucionales bloqueados.
PISARELLO: «NO SE PUEDE NORMALIZAR LO OCURRIDO»
Mientras, el dirigente de En Comú Podem y secretario primero de la Mesa del Congreso, Gerardo Pisarello, ha calificado también de «golpe a la democracia» la suspensión de la reforma del TC, desde una derecha dispuesta a «pervertir» las instituciones» con una mayoría parlamentaria dispuesta a introducir «por la puerta de atrás» un artículo derogado en 1985 para suspender la tramitación parlamentaria de una iniciativa legislativa.
Por tanto y ante la «gravedad enorme» de este precedente que «no se puede normalizar», ha urgido a poner «toda la fuerza parlamentaria y social» para revertir esta situación, desplegando todo los recursos a los tribunales ante este «atropello jurídico» a la soberanía popular y las iniciativas legislativas al alcance para conseguir el objetivo: desbloquear el Constitucional.
De esta forma, ha reivindicado que la sociedad civil debe implicarse en la tarea de defender la «autonomía parlamentaria», porque se ha vulnerado la «inviolabilidad del parlamento» recogida en la Constitución y los derechos de los diputados de la mayoría progresista y plurinacional.
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